Identidad Digital Y Reputación Online (V)

by Fernando on 05/06/2017

Reputación Online

Como no podía ser de otro modo, la legislación contempla una serie de herramientas que permiten reparar su imagen a aquellas organizaciones que hubieran visto dañada su reputación online, siendo que el análisis de la normativa que afecta a la reputación online no difiere sustancialmente del que se haría al considerar la imagen y reputación corporativa en el mundo offline, dado que el ámbito Internet no altera el contenido esencial de los derechos de las personas jurídicas.

No obstante, y pese a lo indicado, sí es cierto que existen ciertas particularidades específicas que se derivan del ámbito de la Red y que han de ser tenidas en cuenta por las organizaciones en lo que a la gestión de su reputación se refiere. Concretamente, vamos a hacer referencia a dos cuestiones fundamentales:

  • El daño que pueda derivarse del ataque a la reputación de una compañía a través de la Red difícilmente podrá ser enmendado totalmente, pues la difusión de una información publicada en Internet no tiene límites. Y aun cuando la información en cuestión efectivamente pudiera ser retirada por contravenir los derechos de la empresa, siempre es posible el mantenimiento de copias, descargas, pantallazos… que hubieran podido ser realizados antes de la eliminación.
  • De igual modo, y en relación con lo indicado, las organizaciones deben tener presente el fenómeno según el cual un intento de ocultamiento de cierta información en la Red puede acabar resultando contraproducente, pues con casi toda seguridad esta acabará por ser ampliamente divulgada, recibiendo todavía más publicidad de la que habría tenido si no se la hubiese pretendido acallar.

Derecho Al Honor

El artículo 18 de la Constitución Española «garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»; y el Tribunal Constitucional ha incluido a empresas u organizaciones entre los titulares del derecho al honor, reconociendo expresamente que «la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en las consideración ajena».

Así pues, organizaciones y empresas pueden, en defensa de su derecho al honor, iniciar acciones penales o civiles destinadas a la retirada de Internet de informaciones que pudieran producir un perjuicio a su reputación. Sin embargo, conviene tener presente que en no pocas ocasiones se producirán situaciones en las que entrarán en conflicto, por un lado el derecho al honor de la empresa cuya reputación online se haya visto dañada, y por otro, el derecho a le libertad de expresión e información que ampararían al autor de las informaciones y que, igualmente, se encuentran recogidos en la Constitución Española.

Dicho lo cual, para salvaguardar su imagen las organizaciones pueden acudir a normativa específica; entre otros, a los siguientes cuerpos legales:

  • Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio reguladora del régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios de la Sociedad de la Información y que permite, en consecuencia, atribuirles responsabilidad civil por intromisiones al derecho al honor.
    Efectivamente, esta Ley trata de determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos por la información almacenada o alojada en sus servidores, con contenidos que vulneran el derecho al honor de una empresa.
    En este sentido, el artículo 16 exime de responsabilidad a los prestadores de servicios siempre que «no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización» o, en caso de tenerlo, «actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos».
  • Ley 13/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. La Ley 3/1991 tiene por objeto la protección de la competencia en interés de cuantos participan en el mercado, estableciendo la prohibición de los actos de competencia desleal.
    Concretamente, en el ámbito del derecho al honor del que nos venimos ocupando, los tribunales españoles han recurrido a la Ley 13/1991 tratándose de casos en los que se ha producido una utilización fraudulenta de nombres de dominio, o a la Ley 17/2001, a los efectos de evaluar la utilización de los nombres de dominio en relación con el signo distintivo afectado.

Reputación Online

Derecho Al Olvido

Se define este derecho como la facultad atribuida tanto a los individuos como a las empresas para lograr la eliminación de una determinada información, muy particularmente en el contexto de Internet.

Y es que basta con poner en un buscador el nombre de una organización para que este ofrezca un completo perfil de la información que sobre la misma circula por Internet, ya sea positiva o negativa.

Así pues, ante semejante escenario, surge la pregunta de si es posible que una persona jurídica solicite que sea eliminada de la Red una determinada información que pudiera estar afectando negativamente a su reputación.

Pues bien, a este respecto comenzaremos diciendo que desde 2014, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Europa los buscadores están obligados a eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violen determinados derechos de ciudadanos o empresas, a petición de estos. Cada una de dichas peticiones será valorada de manera individual por parte de los responsables de los motores de búsqueda, que son a la postre a quienes corresponde adoptar la decisión de aceptar o rechazar las solicitudes.

En el caso concreto de España, a comienzos del año 2015 la Audiencia Nacional reconoció el derecho al olvido por primera vez en España, derecho a la protección de datos que no ampara exclusivamente a las personas físicas, si bien es cierto que aquellas empresas que deseen que se retire una determinada información sobre ellos únicamente podrán hacerlo en el caso de que dicha información vulnere su derecho al honor.

Por su parte, la Unión Europea vino a aprobar una nueva norma de protección de datos –de aplicación directa en los estados miembros– en base a la cual los usuarios tendrán derecho a rectificar los datos que les afectan que sean incorrectos y las empresas quedarán obligadas a notificar a sus clientes cuantas brechas de seguridad pudieran haberles afectado.

Además, de solicitar una persona el borrado de sus datos, la empresa habrá de remitir la petición a otros sitios donde esa información se haya replicado.

No obstante, el derecho al olvido queda limitado por otras consideraciones, como pueda ser el ejercicio de la libertad de expresión e información.

En todo caso, su aplicación continuará en manos de los tribunales o de las autoridades de protección de datos.
Fernando Amaro

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